En consultaría ambiental, al realizar las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) encontramos un impacto que, en menor o mayor grado, siempre es común a todos los proyectos. Dicha afección es la de ocupación del hábitat y, salvo en casos especiales sobre comunidades que no estén incluidas en la directiva, desde AUDEMA sabemos cómo medir su gravedad.
El anexo I de la Directiva Hábitats establece que 118 comunidades vegetales se encuentran protegidas a nivel europeo. Aunque en la práctica las comunidades protegidas no son 118, sino muchas más, pues simplemente el hábitat 5330 – “Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos” puede estar conformado por 102 comunidades vegetales diferentes si atendimos a la información publicada en el Atlas de los Hábitats de España. Por otra parte, si atendemos a la información publicada en la Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España encontramos que los “Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos” podrían componerse hasta por 119 comunidades vegetales diferentes.
Aunque esta complejidad de primeras puede parecer sorprendente, no hay que olvidar que al fin y al cabo los Hábitat de Interés Comunitario son simplemente categorías legales, en las que las comunidades biológicas que necesitaban ser conservadas se han ido encajando mediante investigaciones botánicas. Es por ello que es tan importante la realización de los estudios de hábitats de interés comunitario por parte de un botánico especializado, que se haya formado no solo en el reconocimiento de las especies y las comunidades vegetales que generan en el campo, sino también en su situación legal.
Normalmente el Estudio de Impacto Ambiental lleva un estudio de las afecciones sobre los Hábitats de Interés Comunitario realizado a nivel bibliográfico con las capas del Banco de Datos de Biodiversidad del MITECO. No obstante, existen varios problemas.
El primero es que la cartografía se publicó en el año 1997 con datos recogidos durante los 5 o 10 años anteriores, lo que significa que donde en 1994 había un prado de siega, en 2024 puede haber pasado a ser un pastizal terofítico o incluso matorral, perdiendo en ambos casos su protección.
Por otra parte, los medios y la escala con la que se realizó no fueron los que hay en la actualidad para una cartografía de detalle de un área concreta de un proyecto, sino lo que existían hace 30 años para cartografiar un país entero.
Por último, debemos comentar que durante la realización de la cartografía existieron problemas de interpretación que llevaron incluso a la digitalización de comunidades no protegidas como Hábitats de Interés Comunitario. Una de las más conocidas fue la que sucedió con los berciales, comunidades compuestas por berceo (Stipa gigantea), que a pesar de carecer de protección legal fueron cartografiadas como si conformaran extensas áreas del hábitat 6220 – “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea”.
Normalmente tras la realización de las jornadas de campo y los análisis pertinentes se concluye que no existen Hábitats de Interés Comunitario que vayan a ser afectados por el proyecto. El motivo es que los propios promotores, por interés propio de que su negocio salga a delante, no suelen diseñar proyectos sobre los lugares con mayor interés conservacionista.
Sin embargo, en ocasiones es inevitable. En dichos casos será importante calcular la extensión de los hábitats que se van a alterar, confirmar su abundancia en la región, y por su puesto su nivel de conservación, pues la Directiva Hábitats clasifica los Hábitats de Interés Comunitario como prioritarios y no prioritarios, otorgando distinto nivel de protección en función de la categoría en la que haya sido catalogado.
Por otra parte, ante la complejidad de interpretación de la Directiva Hábitats, algunas comunidades como la Región de Murcia o Castilla la Mancha han desarrollado su normativa propia con sus propios códigos. En los proyectos situados en dichas comunidades será importante que el estudio de los Hábitats de Interés Comunitario contemple también estas normativas autonómicas, midiendo cualquier posible afección sobre ellos.
Si tras la realización de los estudios se corrobora que con la realización del proyecto existirá un impacto permanente y significativo sobre alguna de las comunidades protegidas, será el momento de proponer medidas compensatorias efectivas con la capacidad de volver atractivo el proyecto para la administración.
